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martes, 22 de febrero de 2022

PREDIO TOURNAVISTA YA ES DE SAN JUAN DE PUMAYACU

 PREDIO TOURNAVISTA YA ES DE SAN JUAN DE PUMAYACU

 #justiciaparaelcampo

#porlatierrayelpodervenceremos

#latierranosevendelatierrasedefiende

  Ahora los predios de SAIS Pachacútec, Amaquella-Jacumay, SAIS Pampa (SAIS Tupac), Gran Chaparral, Alto Yanayacu, entre otros, muy pronto serán propiedades de los agricultores, con este precedente legal; lucha al que algunos autodenominados “dirigentes agrarios” se opusieron en su momento.

 Este 23 de febrero hay reunión de ronderos con Congresistas en Honoria, ante el peligro de archivamiento del proceso contencioso.

Lágrimas, sudor y sangre ofrendaron los agricultores de San Juan de Pumayacu, declarados en huelga indefinida desde el 13 de diciembre 2021 en su mismo pueblo, exigiendo la reversión de las tierras del predio Tournavista, que hacían como suyas las empresas REFINCA Holding SAC y Bosques Silvestres SAC. Con el apoyo de los ronderos y agricultores de Honoria, Campo Verde y otros distritos realizaron una huelga indefinida en el Km. 34 CFB, Campo Verde que luego la policía nacional develara con bombas lacrimógenas y disparos de bala hiriendo a muchos huelguistas.

Una comisión de los huelguistas viajó logrando que la Presidencia del Consejo de ministros, designe una comisión de alto nivel para evaluar el caso en el mismo lugar neurálgico, San Juan de Pumayacu. Luego, los principales dirigentes agrarios y ronderiles de la Región Ucayali sostuvieron una reunión con dichos miembros en la sede de la dirección regional agraria de Ucayali.

Con fecha 21 de febrero 2021, la SUNARP ordena el registro de propiedad inmueble: Reversión de dominio a favor del Estado, mediante resolución de inscripción de sección especial de predios rurales PREDIO TOURNAVISTA CALLERÍA, de acuerdo a lo dispuesto por el Tribunal Registral, a través de resolución 264-2022-SUNARP-TR, de fecha 24/01/2022, que por argucias legales de las empresas estaba durmiendo el sueño de los justos, y si no era la lucha de los agricultores, esta acción de justicia seguiría encarpetada en las altas esferas de la burocracia.




lunes, 17 de enero de 2022

ALTO A LA DESAPARICIÓN DE CASERÍOS EN CAMPO VERDE

ALTO A LA DESAPARICIÓN DE CASERÍOS EN CAMPO VERDE

 


La ambición y el tráfico de tierras por parte de personas y empresarios inescrupulosos con capitales de dudosa procedencia y con influencias en las altas esferas del poder, lo corrompen todo; y todas las miradas se dirigen hacia las direcciones regionales de agricultura en el Perú y eso no escapa a la región Ucayali, donde hace poco tiempo, a escasos tres años, detuvieron y enviaron a la cárcel al jeque Isaac Huamán Pérez, quien hacía y deshacía en la DRSA-Ucayali y mano derecha del ex gobernador regional Manuel Gambini Rupay -que según se vocea, volverá a postular a dicha dependencia regional y arrastra una estela de casos como lo de narcotráfico, coimas en el ministerio de vivienda[1] , obras inconclusas en su gestión municipal en Irazola, etc-  y ni que decir de los anteriores directores y funcionarios de dicha dependencia agraria.

Lo peor de todo es que estas personas y empresarios inescrupulosos, para conseguir sus objetivos, conforman un círculo invisible de crimen organizado de tal forma que sus nocivas actividades parecieran legales y normales ante la sociedad, pero que en el fondo es toda una telaraña de conexiones al interior de instituciones del Estado, poder judicial, ministerio público y sector privado.

Hay mucho que detallar y señalar, pero en nuestro caso vamos directo al grano, con lo que pasó con los moradores del caserío Nuevo Zegor y Tiwinza, del distrito de Campo Verde, región Ucayali, que hoy no existe y así lo demuestra el “Plan de Desarrollo Concertado (Actualizado año 2016)”, página 14[2], el cual por allá en la década de 1990 era un caserío que empezaba a poblarse en tierras que “casi a finales de los años 70 la SAIS TUPAC AMARU de Junin obtiene del estado grandes extensiones de terreno en el Distrito de Campo Verde, dedicándose a la ganadería, a la palma aceitera, establece un moderno aserradero en el Km 44, y extrae casi toda la madera del distrito, hasta que finalmente madera ya no queda en cantidades rentables, y dado el envejecimiento de su maquinaria y el poco criterio de reposición, y solo hecho de solo extraer, el débil modelo de gestión empresarial, el empuje de las invasiones a terrenos no utilizados ( mas de 10 caseríos se formaron en los terrenos dela SAIS cuando aun operaban, y hace unos 10 años que su aserradero ya no trabaja, y finalmente hace tres años se retiraron o liquidaros sus operaciones por completo, lograron sembrar mas de 400 ha de palma y estaban en plena producción, esto ocasiono serios conflictos con los invasores y los ex trabajadores de la SAIS.”[3] y diez años después tuvieron que abandonar sus tierras o venderlas obligadamente a una empresa, cuyo propietario es Guido Jaime Arias Vicuña, dedicado al rubro de palma aceitera y combustible, que dizque compró esas tierras y ostentaba título de propiedad. Esta acción hizo que los pobladores abandonaran sus tierras o simplemente se convirtieran en peones en sus propias tierras y para el colmo de los casos, la empresa cerró el paso por la carretera cuyo circuito enlazaba los distritos de Campo Verde y Requena, interconectando caseríos del Km. 50 de la carretera Federico Basadre (Santa Rosa de Lima, La Merced de Neshuya) hasta el centro poblado de Nuevo Piura en el río Aguaytía y de allí hacia el Km 11 de la carretera Nueva Requena, cerrando el círculo vial en la capital distrital de Campo Verde Km 34 CFB. De igual manera casi a desaparecido el caserío Vencedores, del Km 35 CFB, interior Km 10[4], donde los agricultores fueron desalojados violentamente, y similar situación enfrentan los posesionarios de los caseríos Unión Centro Belén y Los Ángeles, Km 40 CFB, interior.

Hoy, ese mismo caso estaría ad portas de suceder con los pobladores del caserío San Juan de Pumayacu, quienes actualmente libran una batalla legal y social contra la empresa REFINCA y Bosques Silvestres, que vienen despojándoles de sus cultivos y viviendas que venían conduciendo por espacio de entre 20 a 20 años como posesionarios de las tierras de la Ex papelera Paramonga, luego CIUSA, ahora Ciro Apéstegui quien adquirió por subasta del Estado peruano a precio de regalo y luego las vendió a los ya mencionados líneas arriba.

Los agricultores de San Juan de Pumayacu, junto con otros campesinos de caseríos aledaños perteneciente a los distritos de Honoria (Huánuco) y Campo Verde (Ucayali), se encuentran en pie de lucha que instalaron dos trancas donde vienen haciendo vigilia permanente. Como no son escuchados y atendidos como tal, iniciarán una Huelga Indefinida a partir de las 00:00 horas del día lunes 24 de marzo 2022.

Evitemos la desaparición de un caserío más en Campo Verde, por motivos de tráfico de tierras e influencias de grupos que lindan con el crimen organizado que podría desencadenar en funestas consecuencias. Están a tiempo señores autoridades.



jueves, 9 de abril de 2020

CORRUPTENA: RONDEROS ACATANDO Y LA POLICÍA CACHUELEANDO




Comisario PNP de la Comisaría de Campo Verde actúa como matón, ante negativa de Fiscal de Prevención del Delito de la Fiscalía de Campo Verde, al no identificarse como tal, en una diligencia para facilitar el tránsito de unidades móviles y personal de la empresa REFINCA S.A. en el caserío Tierra Roja, Km. 17 de la Carretera Tournavista, jurisdicción del distrito de Honoria, Provincia de Puerto Inca, Región Huánuco.
Con el respeto, aprecio y disculpas del caso a muchos hombres y mujeres de las fuerzas policiales y militares, que arriesgan su salud e integridad física personal y familiar, en estos duros momentos que vive el país por el brote del COVID 19, me permito, hacer algunos apuntes sobre el problema surgido entre los miembros ronderos de Honoria y algunos miembros policiales de Campo Verde.

En plena cuarentena, se viene observando que el aislamiento es para las personas sensatas y humildes, pero para quienes se dan de vivos y hacen lo que les da la gana, aun siendo humildes y para quienes tienen grandes intereses económicos o quieren ganar tiempo para que judicialmente demuestren que tienen posesiones y labranzas, les llega altamente el aislamiento social, el estado de emergencia nacional y el toque de queda. Para ello, nada más y nada simple que una llamada telefónica o una posible prebenda a la autoridad para “custodiar” el traslado de personal hacia “sus terrenos” para continuar con sus actividades como si no pasara nada, sin importarles la cuarentena.

A quien me refiero, es  la empresa REFINCA S.A. que viene realizando “trabajos de reforestación” en las jurisdicciones de los distritos de  Campo Verde (Provincia de Coronel Portillo-Ucayali)  y Honoria (Provincia de Puerto Inca-Huánuco); hecho que contraviene desde todo punto de vista legal al Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, del 15 de marzo de 2020, que establece el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y contempla que sólo podrán movilizarse quienes realicen actividades de:

a) Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, incluido su almacenamiento, distribución y venta al público.

b) Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad.

c) Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico, en casos de emergencias y urgencias.

d) Prestación laboral, profesional o empresarial para garantizar los servicios de abastecimiento de alimentos, medicinas, así como los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, etc.

e) Retorno al lugar de residencia habitual.

f) Asistencia y cuidado a personas en situación de vulnerabilidad.

g) Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento.

h) Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible.

i) Hoteles y centros de alojamiento, solo para cumplir con la cuarentena.

j) Medios de comunicación y centrales de atención telefónica (call center).

k) Trabajadores del sector público que excepcionalmente presten servicios relacionadas con la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.

l) Excepcionalmente, en casos de sectores productivos e industriales, el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el sector competente, podrá incluir actividades que no afecten el estado de emergencia nacional.

Como podrá observarse, en ninguno de estos rubros figura las actividades de reforestación, a la cual se dedica esta empresa, mucho menos a las de desalojo de propiedades de humildes agricultores  y arrasamiento de sus viviendas como lo vienen haciendo, según se observa de la publicación que hace la Municipalidad del Centro Poblado de San Miguel de Semuya, del Distrito de Honoria, en su página de Facebook “La Municipalidad C.P. San miguel de Semuya lamenta el actuar de la PNP. que en vez de proteger a la población y respetar el estado de emergencia, favorece a esta clase de empresa que depreda el medio ambiente como lo viene haciendo en NESHUYA, con su poder económico y que estas malas autoridades hacen caso omiso del mandato constitucional del presidente de la república.Esperemos que nuestras autoridades de Honoria y Tournavista. se pronuncie, esta es un pequeña muestra de la empresa que defiende la "Naturaleza".” 

Asimismo, en el mismo decreto se establece que queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo de la Constitución Política del Perú”.

Es más, en el artículo 10.2 de este decreto, menciona que “La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, verifican el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto supremo, para lo cual pueden practicar las verificaciones e intervenciones de las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarios para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades no permitidas. Para ello, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa dictan las disposiciones y medidas complementarias que sean necesarias.” Este artículo es preciso y contundente en el sentido de  impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades no permitidas”, de ninguna manera se interpreta como reguardar, proteger, custodiar vehículos con personal para hacer otras actividades.

Sin embargo, el día miércoles 8 de abril último, la Fiscal de Prevención del Delito de la Fiscalía de Campo Verde, quien sin identificarse conforme a ley llegó acompañada del comisario de Campo Verde con un grupo de policías PNP, hasta la garita de control establecida por las rondas campesinas en la jurisdicción del Distrito de Honoria, tratando de romper los protocolos establecidos por las autoridades y sociedad civil del distrito, con la finalidad de dar luz verde para el tránsito para los miembros y actividades de la empresa REFINCA S.A., incluso se presentó un conato o altercado entre miembros de la policía nacional y los ronderos en momentos que la fiscal se disponía a abandonar el lugar abrupta e irrespetuosamente tras su accionar que indigna a la población que acata la cuarentena y enerva a los ronderos que velan día y noche cumpliendo su deber, como se puede observar en el video publicado por la Municipalidad del Centro Poblado de San Miguel de Semuya en su cuenta de las redes sociales, en la que menciona que la “Empresa que se dice que con su dinero hace lo que quiere realizó una obstrucción a la ley del ejecutivo, sobre el estado de emergencia por el COVID-19, con personal de la Policía nacional permitiendo el ingreso de personas ajenas a nuestra localidad. que Opinan Ud.” De igual manera, el ciudadano Ronald Gonzales, cuyos padres e igual que muchos agricultores de la zona de la carretera Tournavista, fueron víctimas de desalojo por parte de esta empresa, en su cuenta de Facebook, escribe “Cuando acudes a ellos recibes éstas respuestas: No hay personal, no tenemos combustible, no hay movilidad o no es nuestra jurisdicción. Pero cuando acude la empresa Refinca. Son capaces de llevar más de 20 efectivos y hasta enfrentarse a las Rondas C. Honoria Huanuco para que dicha empresa pueda transitar y llevar personal para seguir operando. Ustedes saquen sus propias conclusiones” 

Frente a esta situación y todo lo contrario a este actuar de la policía nacional, estan trabajando voluntariamente los miembros de la Federación de Rondas Campesinas del Distrito de Honoria, controlando el pase de vehículos y pasajeros en el Sector del Caserío Tierra Roja, Km 17 de la carretera Tournavista, jurisdicción del distrito de Honoria, demostrando tener un gran sentido de responsabilidad con el objetivo de la norma de inmovilización social, decretado por el Presidente de la República, colaborando gratuitamente a costa de ser infectados, quienes muy bien tal vez estarían en sus viviendas; sin embargo, movidos simplemente por su alto desprendimiento y el deber de trabajar por su comunidad y el país, se organizaron en grupos para velar por el cumplimiento de la seguridad y el orden social en estos duros momentos de cuarentena por el brote del COVID 19, en coordinación con las autoridades locales del distrito de Honoria, entre ellos las Municipalidad distrital y del Centro Poblado de San Miguel de Semuya, Centro de Salud de Honoria, Comisaría PNP de Honoria, Subprefectura Distrital de Honoria, entre otras. Fruto de ello es el orden, tranquilidad y cumplimiento por parte de la población de Honoria y en medio de este clima de paz,  llega la Fiscal de Campo Verde a romper con todo lo establecido.

En conclusión, mientras el Presidente Martin Vizcarra invoca a la población a quedarse en su casa acatando el aislamiento social, esta fiscal y el comisario de Campo Verde, estarían coludidos con una empresa que no tiene nada que ver con la producción de alimentos, medicinas, combustibles o servicios básicos para que tengan libre circulación. Entonces, ¿Qué motivan a la Fiscal de Prevención del Delito del Ministerio Público y la Policía de Campo Verde, para que en plena CUARENTENA exijan el paso de trabajadores, en este caso,  provenientes del Departamento de San Martin, hacia los "predios" de la empresa REFINCA S.A. para supuestamente hacer labores de "reforestación", ninguneando al Sub prefecto de Honoria y conminando a los miembros de las Rondas Campesinas de Honoria que cívica y ciudadanamente están colaborando en el control del tránsito en este aislamiento social por el coronavirus? Puede haber muchas respuestas, pero me atrevo a conjeturar y pronunciar una mezcla de cuarentena y posibles visos de corrupción: Corruptena, que podría ser el término para este caso, en vez de cuarentena.

Ver video: Fiscal no se identifica

Ver video: Altercado