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A estas alturas, ya a las puertas de la segunda vuelta electoral del 7 de junio en nuestro país, la democracia se ve trastocada y vapuleada: semejante a aquella damisela de las casitas acogedoras, tenuemente iluminadas por luces conocidas, donde los parroquianos acuden en busca de entretenimiento y satisfacciones pasajeras. Lo paradójico es que ambos bandos —tirios y troyanos— aseguran ser sus máximos defensores.
Con el paso de los años, la
democracia se ha transformado en un sistema que solo responde a intereses de
grupo, según la “estación” política o el periodo de gobierno, sin importar qué
partido esté al frente de la gestión pública. Hoy se encuentra en declive,
debido a actos de corrupción que se han vuelto tema de conversación cotidiana,
asuntos que no generan ni confianza ni credibilidad en la ciudadanía.
Si bien la democracia se
define como el gobierno del pueblo, basado en la participación y la
representación ciudadana —donde sectores económicos y sociales diversos
trabajan por el bien común regional o nacional—, esa representación ha quedado
desdibujada o truncada, pues no cumple con el fin para el cual fue concebida.
Los representantes que llegan
al gobierno, y especialmente al Parlamento, solo se han dedicado a pactar
acuerdos y componendas en favor de intereses creados, respondiendo a quienes
detentan el poder —ya sea oculto, económico o institucional— dentro de las
esferas del Estado. Todo ello impulsado por grupos de presión, que dan origen a
normas y convenios hechos a medida, dirigidos a personas específicas, empresas
nacionales o transnacionales; así surgen exoneraciones tributarias, préstamos,
beneficios fiscales, proyectos y contratos ley diseñados para un “público” muy
particular.
No se trata del público
popular que debería ser el centro de todo, sino de un círculo cerrado, reducido
y minoritario, pero con gran poder económico y político: este grupo es el que
define el rumbo del país, y no esa mayoría de la población que siempre espera
que sus gobernantes y representantes impulsen el cambio y el desarrollo
necesario, mediante medidas que permitan cerrar brechas económicas y sociales
que han permanecido postergadas por décadas.
Esta tensión política no se
detuvo allí. Para desgracia de la ciudadanía, se arraigó aún más gracias a las
malas prácticas de lobistas y autoridades, que superaron con creces los
antiguos márgenes de beneficio: hoy las cifras que se manejan, en soles o
dólares, se duplican, todo en perjuicio de las obras públicas y la atención a
la población, configurando claros actos de corrupción.
Esas conductas rozan
directamente con el crimen organizado, que a su vez cuenta con autorización
absoluta desde las instancias judiciales, penales e institucionales. Se
extiende hasta las bandas de extorsionadores, que actúan con total impunidad
ante la vista de la policía y de las autoridades de los cuatro niveles de
gobierno. Estas, incapaces de actuar, guardan silencio de todas las formas
posibles, dejando a la población a merced de la delincuencia —de la cual muchas
veces también forman parte, ya sea por omisión, ineptitud o complicidad.
Ante este panorama, cabe
preguntarnos: ¿en qué nos beneficia esta democracia? Y, ante el escenario de la
segunda vuelta en el Perú, la respuesta surge con tristeza y una impotencia
profunda: en nada nos favorece. Sin embargo, recordemos esa frase que repetimos
al principio: todos, tirios y troyanos, fujimoristas y sanchecistas, se golpean
el pecho y llaman a votar para “defender la democracia”. ¿Pero qué democracia
defienden? ¿Esa democracia débil, cómplice y que contribuye a la desgracia del
pueblo?
Para los fujimoristas, este
modelo de democracia es ejemplar y maravilloso. ¿Y para los sanchecistas?
Podría afirmar que también lo es, pues si pensaran lo contrario, al menos
mantendrían firme su propuesta de modificar la Constitución Política —uno de
los puntos iniciales de su plan de gobierno—. Un cambio que podría poner fin a
esta situación que hoy nos tiene atados de pies y manos frente a los grupos de
poder, la corrupción y la delincuencia.
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