TIERRA Y TERRITORIO:
HORA CRUCIAL ENTRE GUARDIA INDÍGENA Y RONDAS CAMPESINAS
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Fotocomposición del autor, inspirado en el mural de las organizaciones juveniles de la Región San Martín pintado en un colegio de Tarapoto en homenaje a los defensores ambientales.
“Las rondas campesinas aludidas de esta triple frontera tienen mucho que aclarar. De no ser así, estaríamos arribando a un enfrentamiento fratricida entre organizaciones de base similares y que hoy estarían en diferentes orillas, unos por posesionarse de tierras y otros por defender su territorio”.
La muerte de Mariano Isacama Feliciano, de 35 años de edad, primer vocal de la comunidad de Puerto Azul, técnico de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo-FENACOKA, líder del pueblo indígena kakataibo y defensor medio ambiental, “fue hallado muerto en la ribera del río Yurac, en el distrito Aguaytía(sic), la mañana del domingo 14 de julio… había recibido amenazas constantes debido a su firme oposición a la explotación ilegal de recursos naturales, la minería ilegal y el narcotráfico”[1], habiendo sido impactado por un disparo de bala en la cabeza, según INFOBAE “El líder indígena Mariano Isacama fue asesinado con un arma de fuego, de acuerdo con la necropsia que se realizó en Pucallpa, en Ucayali. Así lo confirmó el presidente de la Federación de Comunidades de Kakataibo (Fenacoka), Marcelo Odicio, quien explicó que se ha encontrado una “herida en el cráneo de impacto de bala”.”[2], viene a poner de cabeza el tema de la seguridad ciudadana, en nuestra región y el país y, desde luego, el controversial accionar de las rondas campesinas que estarían protegiendo a colonos invasores -bajo la careta de agricultores- que milimétricamente, como la inundación de los bajeales del bosque húmedo tropical, vienen trasponiendo los linderos e invadiendo el territorio de las comunidades nativas en nuestra amazonía.
Esta situación se puso en relieve, tras la conferencia de prensa realizada el día lunes 15 de julio en la ciudad de Aguaytía-Padre Abad, donde el apu Herlin Odicio Estrella, vicepresidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), quien ante la pregunta de Mitzar Castillejos Tenazoa, sobre qué medidas van a tomar sobre este caso, respondió diciendo que “las rondas campesinas, cuando les conviene son ronderos, cuando les conviene son agricultores y cuando les conviene son (ininteligible); porque cuando hay denuncias sobre tierras o territorio, son ellos quienes impiden la presencia de la policía, de la fiscalía…”.
Ante esta aseveración, nos preguntamos ¿Por qué los ronderos se oponen o impiden la presencia de los miembros del orden y del ministerio público en ciertas diligencias? Vista así, esta actitud de los ronderos, daría validez a lo expresado por el líder kakataibo, en el sentido de que “la mafia se ha convertido en varios, tanto cocaleros, agricultores, ganaderos, madereros, empresarios mineros que hoy persiguen a los líderes”. ¿Es acaso que los ronderos tendrían que ver en esto? Similar revelación también tuvo, en su momento, Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), quien había “denunciado públicamente que recibe amenazas de muerte, precisó que estas provienen específicamente del narcotrafico vinculado al sembrío de hoja de coca, así cómo de las mafias ligadas a la tala ilegal de madera, la minería ilegal y las empresas que están sembrado palma aceitera [monocultivos], por lo que es esencial que las autoridades tomen acciones para protegerlos.”[3]
Esta actitud de las rondas campesinas, al que se refiere el apu Herlin Odicio Estrella, resulta controversial, porque estarían incumpliendo con su propio reglamento, el de “Intervenir en la solución pacífica de los conflictos que se susciten entre los miembros de la comunidad y otros externos, siempre y cuando la controversia se origine en hechos ocurridos dentro de su ámbito comunal” y “Actuar como interlocutor con el Estado”, estipulado en los incisos d y e del artículo 12 del Decreto Supremo Nº 025-2003-JUS, Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas. Según este último inciso, se sobreentiende que las rondas campesinas, ante cualquier asunto que se presentase deberían actuar como parte dialogante y transparente, respetando la dignidad de las partes y asumiendo como sí, los intereses de todos, ante el Estado, y no entorpeciéndola. De esta manera, contribuirían a la solución pacífica de los conflictos dentro del ámbito territorial de la comunidad o caserío.
Sin embargo, lejos de esta situación deseada y tomando en cuenta la versión del vicepresidente de ORAU, se trasluce que el modus operandi de estas organizaciones locales, conocidas como rondas campesinas –o quizá de algunos autodenominados que usan dicho cliché, ya que el espíritu de ellas es contribuir a la seguridad, a la justicia, la paz social y la resolución de conflictos- sería dar soporte ofensivo y seguridad efectiva a dicha mafia para ocupar y/o invadir las tierras de las comunidades nativas, actualmente muy apetecibles por terceros, por su extensión territorial, para la actividad agrícola, ganadera, maderera, minera y cocalera, etc, sin tener en cuenta que estos vastos territorios tienen múltiples usos económicos y diferentes funciones medioambientales para los comuneros originarios.
Usos económicos que tienen al bosque como mercado local que provee de alimentos provenientes de la flora (madera, frutos, raíces, hojas) y fauna silvestre (carne, huevos, pieles); a los ríos y lagos como fuente de producción ictiológica diversa (peces, carnes, pieles) y acuífera (agua y medio de transporte); al suelo como fuente de sostenibilidad permanente que garantiza la existencia de un territorio donde cohabitan pacífica y libremente hombres y mujeres en armonía con la naturaleza; al espacio y el mundo imaginario de los espíritus del agua, la tierra y el cielo que nutren la cosmovisión indígena y llenan de colorido su cultura y costumbres con su arte en el kené y sus diseños en telares y cerámicos; a la música en el mashá y el shiro bewa; a la gastronomía en el betén y el xeati; exquisitos potajes que deleitan el paladar y alimentan ancestralmente a los shipibo-konibos; al shamanismo con su magia y el embrujo de sus ikaros y su visión fantástica de la ayahuasca; a la mixtura plurilingüe de 20 pueblos originarios que pueblan nuestra región Ucayali, etc.
Funciones ambientales como los climas y microclimas, contención de laderas y riberas, control de escorrentías, protección de viviendas y cultivos, espacio, etc. Estos usos económicos y funciones ambientales son todo un conjunto para el hombre y mujer aborigen, el lugar donde vive y se realiza en plenitud como persona y como ente social junto a su familia y a su comunidad; no son entes unicelulares separados o divorciados que existen por sí solos, es todo un ecosistema.
Este ecosistema, es el medio y mundo de vida que garantiza la coexistencia libre y pacífica de las comunidades nativas, que, si uno de ellos se debilita, rompe o desaparece, es un peligro para la vida de los mismos.
Entendido así, este ecosistema en conjunto, es el territorio de nuestras comunidades nativas, rico en la más amplia vastedad de la palabra, al que muchos desean como a una quinceañera y única doncella atractiva de la comunidad donde no hay más mujeres de su edad, salvo ancianas. Por ello, “Hay que entender que esta violencia que sacude a la Amazonía en toda su extensión –Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela— tiene su origen en prácticas colonialistas, según explicó Pérez. Se basa en la presunción de que se trata de un territorio poco habitado y que hay que hacerlo producir. Una idea que defendió el fallecido expresidente Alan García (1985-1990 / 2006-2011) en su famoso artículo El Síndrome del Perro del Hortelano, publicado en 2007. “La demagogia y engaño dice que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados (…) Tierras ociosas, porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos. Por tanto, su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero, pero la telaraña ideológica del siglo XIX subsiste como un impedimento””[4], por lo que en su momento, el pueblo shipibo-konibo, vio que ante el olvido y la desprotección del Estado, la única manera de defenderla, es con la creación de la guardia indígena que por primera vez se conformó en el mes de noviembre del año 2021, en la comunidad nativa de Caimito[5], distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, de la región Ucayali, en la selva peruana, donde se realizó el Primer Encuentro Internacional de Guardias Indígenas Amazónicas, con presencia de tres miembros de la guardia indígena de Colombia, promovido por el Consejo Shipibo Konibo Xetebo-COSHIKOX, como una forma de contrarrestar el “avance de las economías ilegales, la deforestación y otras amenazas territoriales en las comunidades, así como por la poca protección que les ofrece el Estado peruano para salvaguardar sus vidas. Como parte del ejercicio de su propia autonomía, el pueblo Shipibo Konibo Xetebo decidió reactivar formas ancestral(es) del autocuidado y organizarse para brindar una seguridad interna a 176 comunidades con alcance territorial: La protección y recuperación de sus territorios”[6].
Estas economías ilegales y amenazas territoriales vienen sembrando el miedo y el terror en las comunidades nativas de la Amazonía peruana, que a la fecha ya registra 35 líderes indígenas y defensores ambientales asesinados, caídos a manos de mafias y personas que hasta el momento muchos de ellos no han sido identificados o mucho menos sancionados con el rigor de la ley. “Muestra de ello es el registro de amenazas y atentados contra al menos 75 defensores ambientales... Entre 2013 y 2022, 35 de estos líderes y comuneros fueron asesinados. La mayoría de las víctimas mortales eran defensores de Ucayali (7), Loreto (5) y Junín (5), seguidos de los líderes abatidos en Lambayeque (4) y Madre de Dios, Cajamarca, Huánuco, con tres casos mortales cada una. Doce de estas personas eran comuneros que intentaban defender sus derechos, ocho ejercían el cargo de dirigentes de sus comunidades, además de un rondero, un monitor ambiental, un secretario y un gerente de la Municipalidad distrital de Pangoa, quien fue abatido de un disparo en la cabeza este año, a corta distancia y por la espalda.”, según la publicación de la página web Convoca[7].
Si bien es cierto, que se habla de 35 asesinatos, esta cifra difiere dependiendo de quién lo dice, pero no deja de ser alarmante ante el derecho a la vida y una convivencia pacífica, como por ejemplo se desprende que “Pese a que la amazonía peruana se ha vuelto el blanco de ataques a defensores ambientales, las cifras de líderes indígenas asesinados no son exactas. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) señala que 35 defensores ambientales indígenas fueron asesinados en la última década. Por su parte, la ONG Global Witness, que estudia abusos de los derechos humanos en todo el mundo, reporta 54 asesinatos entre el 2012 y 2022. Desde el 2020, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) registra 24 defensores ambientales y líderes indígenas desaparecidos y asesinados.”[8]
En esta lista de muertes y asesinatos, la región Ucayali registra más hechos lamentables en el Perú, siendo los dos últimos, víctimas del pueblo kakataibo, antecediendo a Mariano Isacama Feliciano, el de Benjamín Flores. Denotando así que “Ucayali, la región más vulnerable para los líderes indígenas. En el territorio nacional, el homicidio más reciente en el marco de esta problemática nacional corresponde al fallecimiento del líder indígena y defensor ambiental kakataibo, Benjamín Flores Ríos, quien en vida ejerció una lucha frontal por el cuidado del territorio integral de su comunidad Mariscal Cáceres; no obstante, fue asesinado por presuntos cocaleros en Ucayali.”[9], región que lamentablemente es parte de un país muy peligroso en lo que respecta a protección a la vida y los defensores ambientales, puesto que “El Perú es uno de los diez países más peligrosos del mundo para defensores ambientales, señala un estudio de Global Witness. ¿Por qué? Sobre todo por las mafias de narcotraficantes y mineros ilegales”. La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) ha publicado en su último informe que Ucayali presentó un incremento de más del 400% en cultivos ilícitos de hoja de coca del 2018 al 2023. Esta región, junto con Loreto, fueron las que presentaron un mayor aumento del cultivo ilegal. “Las alertas están claras sobre la presencia del narcotráfico en la zona y cada vez avanzan más los cultivos ilegales. No hay una solución política frente al asunto, no ha habido mayor seguridad territorial para los Kakataibo”, señala Vladimir Pinto, de Amazon Watch Perú”[10].
El punto neurálgico, en estos momentos, se ubica hacia el Nor Oeste de la región Ucayali, donde hay la prevalencia del pueblo kakataibo, con 11 comunidades nativas, algunas en el distrito y provincia de Padre Abad y otras en el enclave de los departamentos de Húanuco, Pasco y Junín: Mariscal Cáceres, Puerto Azul, Yamino, Me Banañu, Nueva Esperanza, Nuevo Azul, Sinchi Roca I, Sinchi Roca II, Puerto Nuevo I, Puerto Nuevo II, Uni Pacuyacu y Santa Martha, que “se han convertido en una de las zonas más violentas del Perú debido a la convergencia de actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, y el tráfico de madera y tierras”[11].
“Actualmente las áreas críticas incluyen las comunidades de Sinchi Roca (ubicada entre Ucayali y Huánuco), Puerto Nuevo (Huánuco) y Unipacuyacu (en el lado este de Huánuco que forma una triple frontera con Ucayali y Pasco), donde el cultivo ilegal de hoja de coca ya ha provocado enfrentamientos”[12], al que hoy se suma Puerto Azul y Mariscal Cáceres, situadas a orillas del río Aguaytía, afluente del río Ucayali, la primera aguas arriba del puente de Aguaytía y la segunda aguas abajo; es decir, geoestratégicamente en un apetecible corredor infestado de cultivos proveedores de ilegales insumos que alimentan al narcotráfico, en esta zona donde también opera el CORAH erradicando los cultivos de coca y DEVIDA promoviendo los cultivos alternativos y otras actividades conexas. En esta zona de triple frontera interna, quienes buscan tierras y espacios para sus cultivos y actividades ilícitas tendrían convenios soterrados con algunos miembros u organizaciones de las rondas campesinas, al que se refiere el apu Herlin Odicio, quienes se convierten en puntas de lanzas o mastines para amedrentar a las comunidades nativas. De no ser así ¿Por qué se opondrían a la presencia de la policía nacional o ministerio público en determinas intervenciones, tanto así que actuarían como fuerza de contención y no de solución?
En esta zona de triple frontera interna, quienes buscan tierras y espacios para sus cultivos y actividades ilícitas tendrían convenios soterrados con algunos miembros u organizaciones de las rondas campesinas, al que se refiere el apu Herlin Odicio, quienes se convierten en puntas de lanzas o mastines para amedrentar a las comunidades nativas. De no ser así ¿Por qué se opondrían a la presencia de la policía nacional o ministerio público en determinas intervenciones, tanto así que actuarían como fuerza de contención y no de solución?
Esta situación de violencia que viven estas comunidades no termina con el asesinato de los líderes ambientales y dirigentes de base, sino que va más allá de la desaparición física de las personas, porque “Esa violencia que está silenciando a los líderes indígenas de la Amazonía peruana se ha ido expandiendo. Y el ensañamiento se traslada incluso a los deudos, quienes no dejan de recibir amenazas. A veces, hasta se ven obligados a abandonar su tierra. Otras, terminan despojados de sus propiedades. Las viudas, los huérfanos y sus comunidades quedan indefensos, ante el abandono de las autoridades”[13] Por lo que, esta “invasión y destrucción de sus territorios no solo constituye un riesgo para su integridad física, sino también para su identidad cultural”[14] que hoy cuenta con una lista que no tiene cuando acabar, sino que va temerariamente aumentando ante la indiferencia de la justicia y la inanición del Estado, quienes deben responder por las vidas de nuestros líderes y defensores ambientales siguientes:
1 Mariano Isacama Feliciano (Kakataibo), 14 de julio 2024.
2 Ricardo Kinchukui Shimpujat (Awajun), 03 julio 2024.
3 Victorio Dariquebe Guevara (Harakbut-Wachiperi), 19 abril 2024.
4 Benjamin Flores Ríos (Kakataibo), 18 diciembre 2023.
5 Quinto Inuma Alvarado (Kichwa), 29 noviembre 2023.
6 Santiago Contoricón Atúnez (Asháninka), 08 abril 2023.
7 Vilca Ampichi López (Yánesha), 05 diciembre 2022.
8 Genaro Comisario Bitap (Awajun), líder awajun del distrito de Manseriche, en Villa Saramiriza, distrito de Manseriche, provincia loretana de Datem del Marañón, fue atacado con dos disparos de bala, en la noche del 2 de agosto de 2022.
9 Ulises Rumiche Quintimari (Nomatsiguenga), líder del pueblo nomatsiguenga en la selva central, gerente de Pueblos Originarios Amazónicos de la Municipalidad de Pangoa (región Junín), cuando regresaba a su comunidad, luego de reunirse con la viceministra de Poblaciones Vulnerables, fue asesinado con un disparo en la cabeza, el 19 de abril de 2022.
10 Nusat Parisada Benavides De la Cruz, 22 marzo 2022.
11 Jesús Berti Antayhua Quispe, 22 marzo 2022.
12 Gemerson Pizango Narvaes, 22 marzo 2022.
13 Estela Casanto Mauricio (Asháninka), 13 marzo 2021.
14 Herasmo García Grau (Kakataibo), de 28 años de edad, fue encontrado en la selva de Ucayali, con impactos de bala y golpes. Fue asesinado el 25 febrero 2021.
15 Santiago Vega Chota (Kakataibo), julio 2021.
16 Yenes Ríos Bonsano (Kakataibo), 25 febrero 2021.
17 Luis Tapia Meza (Asháninka), 22 setiembre 2021.
18 Santiago Meléndez Dávila (Asháninka), 06 octubre 2021.
19 Lucio Pascual Yumanga (Asháninka), diciembre 2021.
20 William López Ijuma (Kukama), 09 agosto 2020.
21 Elix Ruíz Ortíz (Kukama), 09 agosto 2020.
22 Cheminton Flores Crispín (Kukama), 09 agosto 2020.
23 Lorenzo Wampagkit Yampik (Awajun), 29 julio 2020.
24 Gonzalo Pío Flores (Asháninka), de 45 años de edad, luchaba por la titulación de Nuevo Amanecer Hawai, comunidad asháninka ubicada en el centro del Perú, asesinado el 17 de mayo de 2020.
25 Arbildo Meléndez Grandes (Kakataibo), de 43 años de edad, su cuerpo fue hallado en medio del bosque, con un disparo en el cuerpo el 12 abril 2020.
26 Benjamin Ríos Urimishi (Asháninka), 26 abril 2020.
27 Mario López Huanca (Asháninka), 28 junio 2020.
28 Cristian Java Ríos (Urarina), 18 abril 2019.
29 Emilio Marichi Huansi (Shawi), (45 años), Jefe de la comunidad indígena de Santa Rosa de Alto de Chambira, Región San Martín; 05 abril 2014.
30 Edwin Chota Valera (Ashéninka), comunidad de Saweto, río alto Tamaya, (departamento de Ucayali), asesinado por una mafia de traficantes de madera, en la frontera de Perú y Brasil, el 1 de setiembre de 2014.
31 Francisco Pinedo Ramírez (Ashéninka), comunidad de Saweto, río alto Tamaya, (departamento de Ucayali), asesinado por una mafia de traficantes de madera, en la frontera de Perú y Brasil, el 1 de setiembre de 2014.
32 Jorge Ríos Pérez (Ashéninka), comunidad de Saweto, río alto Tamaya, (departamento de Ucayali), asesinado por una mafia de traficantes de madera, en la frontera de Perú y Brasil, el 1 de setiembre de 2014.
33 Leoncio Quintisima Meléndez (Ashéninka), comunidad de Saweto, río alto Tamaya, (departamento de Ucayali), asesinado por una mafia de traficantes de madera, en la frontera de Perú y Brasil, el 1 de setiembre de 2014.
34 Mauro Pío Peña (Asháninka), 27 mayo 2013.
35 Lorenzo Cominti.
En más de una década, todos ellos cayeron bajo los golpes y las balas disparadas por manos ensangrentadas y financiadas por el sucio dinero e intereses de la mafia al cual aluden los defensores ambientales, cuyos autores materiales e intelectuales parecieran que fueran invisibles o protegidos de la justicia, configurándose la situación de que ““La Amazonía se ha convertido en un territorio de disputa con grupos armados, ilegales y el propio Estado, [que] atacan a los líderes y ambientalistas”, dice Leonardo Gonzáles, coordinador de proyectos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia”[15].
En este orden de cosas, las rondas campesinas aludidas de esta triple frontera tienen mucho que aclarar o en todo caso corregir sus actuar para que ante la sociedad no sean vistos como cuasi protectores de aquellos impulsores de las economías ilegales. De no ser así, estaríamos arribando a un enfrentamiento fratricida entre organizaciones de base similares que dicen defender la tierra y contribuir a la seguridad, a la justicia, la paz social y la resolución de conflictos y que hoy estarían en diferentes orillas, unos por posesionarse de tierras y otros por defender su territorio.
Ya tiempo atrás, casi avizorando este intrínseco panorama y “Frente a esta situación de inseguridad, las guardias indígenas en el Perú se desarrollan con unos objetivos clave: suplir la falta de intervención del orden estatal, atender problemas urgentes y disminuir los niveles de inseguridad; crear coordinación y unión entre distintas comunidades para responder de forma más eficaz a las amenazas sufridas; a largo plazo, finalmente, lograr una cooperación con las fuerzas institucionales, colaborando y coordinando con el Estado”.[16] Sin embargo, el Estado no se deja ayudar o simplemente sus autoridades y funcionarios caen presa del letargo y omisión de sus funciones, perjudicando a los miles de pobladores y comunidades originarias de nuestra amazonía peruana.
Pero el espíritu por las cuales fue creada la guardia indígena, no es solamente el tema de la defensa e integridad del territorio como base fundamental que garantice la existencia física de la comunidad, sino también velar por mejores condiciones sociales e incluso su autonomía y libre determinación como pueblos, entendiendo que “hay otras dificultades que radican —a su vez— en la histórica exclusión de los pueblos indígenas del sistema político nacional, que, hoy en día, sigue sin permitirles que sus estrategias de defensa sean reconocidas para combatir estas actividades ilícitas, como la creación de los gobiernos territoriales autónomos, entre otros”[17].
Esta histórica exclusión que data desde la Colonia y que no ha sido superada con la independencia nacional del 28 de julio de 1821, exige nuevas formas de participación social y democrática usando las fórmulas electorales de acuerdo a las normas vigentes según la Constitución Política del Perú; y una de las formas de participar directamente en el quehacer político nacional es siendo actores directos y principales de las riendas de la conducción del país, donde los representantes de los pueblos originarios o comunidades indígenas tengan una cuota de representación directa en el Congreso de la República, mediante la elección de representantes de los pueblos originarios para la cámara de diputados y senadores, es decir, que sólo ellos elijan directamente a sus propios representantes en las elecciones generales libres y universales y no como actualmente se inscriben según la norma nacional y participan como cualquier otro candidato dentro de las organizaciones políticas y como los pueblos originarios electoralmente son minoritarios y diseminados, jamás o difícilmente lograrán un cupo congresal, porque se enfrentan en minoría y desventaja ante los otros candidatos.
“una de las formas de participar directamente en el quehacer político nacional es siendo actores directos y principales de las riendas de la conducción del país, donde los representantes de los pueblos originarios o comunidades indígenas tengan una cuota de representación directa en el Congreso de la República, mediante la elección de representantes de los pueblos originarios para la cámara de diputados y senadores, es decir, que sólo ellos elijan directamente a sus propios representantes en las elecciones generales libres y universales”
Por lo tanto, frente estos hechos, hoy más que nunca se requiere tener en claro que “La Guardia Indígena se concibe como organismo ancestral propio y como un instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas. No es una estructura policial, sino un mecanismo humanitario y de resistencia civil. Busca proteger y difundir su cultura ancestral y el ejercicio de derecho propio. Deriva su mandato de las propias asambleas, por lo que depende directamente de las autoridades indígenas. Surge para defenderse de todos los actores que agreden sus pueblos, pero solamente se defienden con su “chonta” o bastón de mando, lo cual le imprime un valor simbólico a la guardia”[18] y que no responde a órdenes de la policía nacional o del Estado, en tanto que las rondas campesinas deben deslindar posiciones frente a la llamada mafia que aluden los defensores ambientales.
No es un mero deslinde ni invocaciones legales, la vida y el territorio de nuestros pueblos está en peligro.
[4] https://ojo-publico.com/3516/defensores-ambientales-el-duelo-eterno-sus-deudos
[5] https://www.servindi.org/04/12/2022/cronica-del-primer-encuentro-internacional-de-guardias-indigenas
[13] https://ojo-publico.com/3516/defensores-ambientales-el-duelo-eterno-sus-deudos
[18] https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/defensa-vida-ddhh-cric/guardia-indigena/
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