LAS ETERNAS VÍCTIMAS DE LA
VIOLENCIA
Representantes de desplazados miembros de la Asociación Regional de Desplazados de Ucayali-ARDU, participantes de la Celebración Liturgica en la Parroquia "San Francisco de Asis", distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali; con motivo de conmemorar los 21 años de la entrega del informe final de la CVR, realizado el domingo 25/08/2024.
A 21 años de la entrega del informe final de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación –creada mediante DS N° 065-2001-PCM, del
4 de junio 2001, por el Presidente Valentín Paniagua-, un 28 de agosto de 2003,
en la ciudad de Lima, presentado por Salomón Lerner Febres, Presidente de la
CVR, ante el Presidente de la República, Alejandro Toledo, dando a conocer los
dramáticos resultados de casi dos años de trabajo de investigación de un grupo
ad hoc, sobre los casos de crímenes y violaciones masivas de derechos humanos
que sufrieron muchas personas en nuestro país, en el periodo de mayo de 1980 a
noviembre del 2000, con una cifra de 54
280 muertos y 15 000 desaparecidos que,
sumados, “superan el número de pérdidas
humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles
ocurridas en su vida republicana, las cuales se podría catalogar como un doble
genocidio, donde militares y subversivos arrasaron con la población civil,
constituyendo en sí una gran tragedia nacional.”[1]
Según Renzo Chiri Márquez, en su artículo titulado
“Luces, sombras y claroscuros del informe final de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación (CVR): Un análisis a más de una década de su presentación”,
menciona enfáticamente que “la mayoría de
víctimas de esta violencia fueron campesinos, pues el 79% de víctimas vivían en
zonas rurales y de ello el 56% se dedicaban a actividades agropecuarias. Estadísticamente,
el Informe señala que los hombres entre 20 y 49 años conforman el grueso de las
víctimas fatales reportadas a la CVR (más del 55%), mientras que las mujeres de
todas las edades suman aproximadamente el 20% de las víctimas.
Las mujeres y niños aparecen con
mayor frecuencia entre las víctimas fatales, en masacres o arrasamientos de comunidades.
Las mujeres fueron afectadas, mediante asesinatos y ejecuciones extrajudiciales
(50%), detenciones (27%), tortura (23%), secuestro (17%), desapariciones
forzadas (16%) y violaciones sexuales (10%).”[2] Dejando como secuela el
caso de los espurios hijos nacidos a consecuencia de la violación sexual a
quienes las madres tuvieron que criarlos sumidas en el silencio y la vergüenza
colectiva ; quienes sufriendo y no pudiendo soportar el fuego cruzado de la
violencia generada por los subversivos de Sendero Luminoso y el MRTA y los
agentes del Estado (FF.AA y policía nacional), tuvieron que abandonar sus
labranzas, sus tierras y sus comunidades, desplazándose forzadamente hacia las
ciudades, un mundo diferente que tuvieron que afrontar desarraigados y sin los
medios necesarios para su supervivencia y seguridad.
Finalmente, “el
Informe de la CVR, recomienda pedidos de disculpa al país de parte de los más
altos responsables del Estado, cartas a las víctimas o a sus familiares
firmadas por el Presidente de la República y ceremonias públicas de explicación
de la verdad.”.[3] Verdad que aún duele, porque hasta la fecha, muchos
aún continúan en la búsqueda de sus familiares detenidos o
desaparecidos o que siguen clamando justicia.
Sin embargo, fruto de esas disculpas, se implementó el
Programa Integral de reparaciones en educación, salud y vivienda en base a la
Ley 28223, como una forma de resarcir los derechos de los afectados, quienes
hasta la fecha casi no disfrutan de dichas reparaciones por ser eufemistas y
más favorecen a los prestadores de dichos servicios que a los reales
beneficiarios, por los siguientes motivos, en el caso de la Región Ucayali:
- VIVIENDA, que los desplazados tienen derecho a un bono habitacional de vivienda, que otorga el programa MIVIVIENDA, cuyo monto es de S/. 68 mil soles. Sin embargo, las empresas Tierra del Sol y Constructora Rojo Ingenieros S.A. con sede en el Km 17 CFB-Campo Verde, estafaron a 216 víctimas de desplazamiento forzoso que desde el 2017 no les entrega sus módulos de vivienda y por el contrario la construcción se encuentra en estado de abandono; Jardines de Pucallpa, con sede en el Km 15 CFB-Campo Verde, ha abandonado su proyecto de construcción, afectando a cerca de 300 beneficiarios entre desplazados y no desplazados. Hoy, los afectados figuran como si ya estarían en posesión de dicho bien y el mismo Fondo MIVIVIENDA se hace la vista gorda.
Es más, el bono actual de S/. 68 mil soles, alcanza para construir una vivienda a costo social, pero las empresas constructoras ofertan “departamentos” a más de 120 mil soles, configurándose un negocio lucrativo para los empresarios y el Estado, que doble y eternamente violentan a los afectados económica, social y psicológicamente.
- SALUD, que los desplazados y demás víctimas tienen derecho a atención universal y preferente en salud mediante el SIS de por vida. Sin embargo, este derecho no es aplicado por el personal de las instituciones prestadoras de salud, por desconocimiento, desidia o negocio, y todo lo ligan con el SIS limitado que caduca cada tres años.
- EDUCACIÓN, que los desplazados y demás víctimas tienen derecho a una beca para concluir sus estudios o transferir el derecho a un familiar. Sin embargo, el beneficiario tiene que dar examen como cualquier postulante para acceder a uno o dos cupos, de cientos que se presentan en esa misma condición, configurándose un cuello de botella inaccesible para los demás, que ven frustrados o postergados sus deseos de superación.
Todo esto viene afectando la salud mental de los
desplazados y demás víctimas de la violencia, tanto en el país como en nuestra
Región Ucayali. Motivo por el cual, al conmemorarse el 21° aniversario de la
entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, urge
que las instituciones del Estado en sus tres niveles, ministerios y organismos
públicos descentralizados, vuelquen sus ojos hacia esta silente problemática
que va corroyendo y matando lentamente las esperanzas de una vida mejor de
quienes, en su momento, fueron afectados por la violencia armada que vivió el
país de 1980 al 2000 y, hoy, son doblemente afectados por la violencia de la
corrupción y la indiferencia de nuestros políticos y autoridades de turno.
